La violación a DDHH como herramienta política

No es permisible la omisión de la protesta ante la “legalización” del atropello a la dignidad humana que pretende realizar el actual gobierno federal de México, secundado por su aparente principal opositor político y favorito para ganar la próxima elección presidencial de 2012, so pena de caer en la complicidad.

Sirvan estas líneas, que se bien muy pocos distraerán su valioso tiempo para leerlás, a manera de solitaria protesta personal.

Como todos sabemos, está prácticamente aprobada, cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios en el congreso mexicano, la iniciativa de reforma la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas faculta a las fuerzas armadas para intervenir en contra movimientos sociales, políticos, laborales y electorales.

Litros de tinta y millones de pixeles se han utilizado desde el año 2006 para denunciar y avisar al mundo entero las violaciones a derechos fundamentales que se suceden sistemáticamente en México desde que Felipe Calderón tuvo la genial idea, aconsejado por su tristemente célebre círculo rojo, de sacar al ejército mexicano, última institución que respetaba la población de nuestro país por su constante desempeño como un ejército de paz y ayuda a los necesitados, a librar una “guerra” sólo viable en su indescifrable razonamiento, esto sin ningún sentimiento de admiración que se podría desprender de las palabras sino como una metáfora a su patología, con la finalidad última de legitimar una presidencia por demás cuestionada dadas las circunstancias en que se desarrollaron los comicios de 2006 y el resultado de la misma. Tuvo en su poder la legitimación absoluta mediante el recuento de todos los votos, prefirió teñir las calles de México con sangre y enlutar a millares de familias.

Bien, desde el inicio de su fracasada guerra, se ha filtrado la inconformidad y hasta la exigencia por parte de los altos mandos castrenses, de un marco legal que permita legitimar las acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas, y por qué no decirlo, sirva también de defensa ante la posibilidad de un cambio de gobierno inesperado que abriría la posibilidad de juicio a los responsables políticos y militares de la sangría cotidiana que vivimos en tierras mexicanas, por más que Calderón insista en foros internacionales que este es un estado de leyes (nunca habla de justicia) en el que la inversión extranjera y el turismo son bienvenidos y asegurados aunque las cifras duras muestren lo contrario.

Hemos insistido en anteriores escritos que nuestra ley fundamental en su articulo 29 contempla el estado de excepción; y que el citado se debió haber aplicado en aquellos territorios de la república afectados por la absurda guerra calderoniana, no se hizo así, no se quiso pagar el costo político que ante la comunidad internacional implicaba tal decisión. Las consecuencias son vividas como pesadillas interminables por la ciudadanía que un día sí y otro también se entera que algún familiar, hombre de bien y honorable, fue acribillado por las fuerzas federales comandadas por Felipe Calderón y, en primera instancia son acusados de nexos con el crimen organizado, y en una segunda pero no menos agraviante, pasan a formar parte de las cifras de daños colaterales que enluta y destruye los sueños de las familias que residen en esta noble pero muy saqueada y peor gobernada porción del planeta tierra.

Ante las cada vez más numerosas voces que exigían juicio criminal para los responsables de esta barbarie, y no se equivoque Felipe, los violentos como usted los llama, no están obligados con mi persona a otorgarme el estado de bienestar donde mi familia pueda tener un desarrollo armónico e integral, no son ellos, es usted el primer mandatario de esta nación. Concepto difícil de procesar para algunas mentes. Pues bien amigos, el temor a un tribunal por crímenes contra la población civil no es la mejor píldora para dormir que podamos imaginar. Ante ese contratiempo es preferible pactar con el “rival político”, asegurar una transición que brinde seguridad tanto a los que huyen como a los que llegan, pero sobre todo, era menester una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permitiera, en el peor de los escenarios, no olvidemos que se esta cocinando a fuego alto otra agraviante reforma, una reforma laboral que puede ser el detonante de esta peligrosa mezcla de explosivos sociales que Felipe Calderón se ha esmerado en conjuntar; continuando, era necesaria una Ley que permitiera al gobierno en turno controlar, de la mejor manera posible, sin violar ninguna ley mexicana, cualquier brote de inconformidad social llevada a las calles.

Se les olvida a nuestros señores legisladores que los derechos fundamentales han adquirido en el ámbito internacional una aceptada categoría supraconstitucional.

Allá ellos.

Hasta pronto.

ramon@cortesvargas.com

— Ramón Cortés

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La violación a DDHH como herramienta política

No es permisible la omisión de la protesta ante la “legalización” del atropello a la dignidad humana que pretende realizar el actual gobierno federal de México, secundado por su aparente principal opositor político y favorito para ganar la próxima elección presidencial de 2012, so pena de caer en la complicidad.

Sirvan estas líneas, que se bien muy pocos distraerán su valioso tiempo para leerás, a manera de solitaria protesta personal.

Como todos sabemos, está prácticamente aprobada, cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios en el congreso mexicano, la iniciativa de reforma la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas faculta a las fuerzas armadas para intervenir en contra movimientos sociales, políticos, laborales y electorales.

Litros de tinta y millones de pixeles se han utilizado desde el año 2006 para denunciar y avisar al mundo entero las violaciones a derechos fundamentales que se suceden sistemáticamente en México desde que Felipe Calderón tuvo la genial idea, aconsejado por su tristemente célebre círculo rojo, de sacar al ejército mexicano, última institución que respetaba la población de nuestro país por su constante desempeño como un ejército de paz y ayuda a los necesitados, a librar una “guerra” sólo viable en su indescifrable razonamiento, esto sin ningún sentimiento de admiración que se podría desprender de las palabras sino como una metáfora a su patología, con la finalidad última de legitimar una presidencia por demás cuestionada dadas las circunstancias en que se desarrollaron los comicios de 2006 y el resultado de la misma. Tuvo en su poder la legitimación absoluta mediante el recuento de todos los votos, prefirió teñir las calles de México con sangre y enlutar a millares de familias.

Bien, desde el inicio de su fracasada guerra, se ha filtrado la inconformidad y hasta la exigencia por parte de los altos mandos castrenses, de un marco legal que permita legitimar las acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas, y por qué no decirlo, sirva también de defensa ante la posibilidad de un cambio de gobierno inesperado que abriría la posibilidad de juicio a los responsables políticos y militares de la sangría cotidiana que vivimos en tierras mexicanas, por más que Calderón insista en foros internacionales que este es un estado de leyes (nunca habla de justicia) en el que la inversión extranjera y el turismo son bienvenidos y asegurados aunque las cifras duras muestren lo contrario.

Hemos insistido en anteriores escritos que nuestra ley fundamental en su articulo 29 contempla el estado de excepción; y que el citado se debió haber aplicado en aquellos territorios de la república afectados por la absurda guerra calderoniana, no se hizo así, no se quiso pagar el costo político que ante la comunidad internacional implicaba tal decisión. Las consecuencias son vividas como pesadillas interminables por la ciudadanía que un día sí y otro también se entera que algún familiar, hombre de bien y honorable, fue acribillado por las fuerzas federales comandadas por Felipe Calderón y, en primera instancia son acusados de nexos con el crimen organizado, y en una segunda pero no menos agraviante, pasan a formar parte de las cifras de daños colaterales que enluta y destruye los sueños de las familias que residen en esta noble pero muy saqueada y peor gobernada porción del planeta tierra.

Ante las cada vez más numerosas voces que exigían juicio criminal para los responsables de esta barbarie, y no se equivoque Felipe, los violentos como usted los llama, no están obligados con mi persona a otorgarme el estado de bienestar donde mi familia pueda tener un desarrollo armónico e integral, no son ellos, es usted el primer mandatario de esta nación. Concepto difícil de procesar para algunas mentes. Pues bien amigos, el temor a un tribunal por crímenes contra la población civil no es la mejor píldora para dormir que podamos imaginar. Ante ese contratiempo es preferible pactar con el “rival político”, asegurar una transición que brinde seguridad tanto a los que huyen como a los que llegan, pero sobre todo, era menester una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permitiera, en el peor de los escenarios, no olvidemos que se esta cocinando a fuego alto otra agraviante reforma, una reforma laboral que puede ser el detonante de esta peligrosa mezcla de explosivos sociales que Felipe Calderón se ha esmerado en conjuntar; continuando, era necesaria una Ley que permitiera al gobierno en turno controlar, de la mejor manera posible, sin violar ninguna ley mexicana, cualquier brote de inconformidad social llevada a las calles.

Se les olvida a nuestros señores legisladora que los derecho fundamentales han adquirido en el ámbito internacional una aceptada categoría supraconstitucional.

Allá ellos.

Hasta pronto.

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Incapacidad, Alianzas, Fracaso y Revolución

Hemos sido testigos en los últimos días de diversos acontecimientos, unos trascendentes otros no tanto, pero que desde nuestro punto de vista merecen una reflexión.

Comenzando con lo básico, tenemos el sonado asunto de las alianzas “democráticas” que han realizado esencialmente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, con otros más de relleno y con esa triste figura del candidato declinante. Para nosotros las alianzas per se no son contrarias a la democracia; la particularidad de las citadas entre dos partidos ideológicamente antagónicos, con el antecedente reciente del grave conflicto electoral de 2006 y el contexto político actual es lo que nos obliga a afirmar que dichas complicidades, no podemos llamarlas de otra forma, no tienen otra finalidad que impedir el retorno del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la república en 2012. Para individuos como Marcelo Ebrard y Manuel Camacho, acostumbrados al trapecio político en la búsqueda incesante de la toma del poder, esta discrepancia ideológica es perfectamente congruente con sus principios, que se reducen a la palabra “ninguno”. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la necesaria naturaleza de la democracia actual es la representación política, y nos proponemos a ser magnánimos por un instante y le regalamos una reflexión a esa figura irónicamente despreciada de la democracia mexicana que se llama ciudadano, tendremos que concluir que para el ciudadano (y por ende elector) común; que no aspira a ningún privilegio derivado del resultado electoral sino al derecho fundamental que tiene todo ser humano de vivir en un Estado Constitucional de Bienestar donde sea debidamente representado y respetado, estas alianzas que se asemejan más a los matrimonios por conveniencia, terminan por desvincularlo totalmente de la política; hecho por demás conveniente para los partidos políticos que teniendo el deber constitucional de educar políticamente a los ciudadanos, omiten sin castigo alguno dicha obligación y procuran alejar por completo a la sociedad civil cobijados por una constitución viciada de origen y un supremo tribunal que antes de perder sus innumerables privilegios prefieren vestirse en la vergonzosa ropa de la ignominia a fallar en contra de los “Institutos Políticos Baluartes de la Democracia Mexicana”.

La realidad, se quiera aceptar o no, es que el PAN ha demostrado una absoluta incapacidad para gobernar; en dos sexenios tiene al país al borde de la revolución; de hecho vivimos en una revolución de baja intensidad disfrazada de “lucha contra la delincuencia” o “guerra al narcotráfico” según sea el ánimo del voluble habitante de los pinos. Por su parte, el PRD tuvo su gran oportunidad en 2006, pero la egolatría de AMLO pudo más que su deber con la mayoría del electorado que lo apoyaba y regalo la elección por medio de sus incontables errores. Recuerdo perfectamente una declaración de Madrazo refiriéndose al candidato que en 2006 era líder natural de un pueblo esperanzado en que por fin se le tomara en cuenta, con estas memorables y significativas palabras: cito, “…por mi paisano no me preocupo, porque ese se mata solo…”; cuanta razón y cuanto conocimiento de la personalidad de AMLO por parte de Roberto Madrazo. Hoy el PRD está fragmentado, el PAN acabado y la única opción viable que tienen de ganarle una elección al PRI es mediante sus nefastas alianzas que sólo originarán ingobernabilidad y acrecentada corrupción en los gobiernos que ejerzan. Al tiempo….

No podemos evitar comentar el tema de Egipto; es inconcebible que un pueblo de sabiduría milenaria, creador de las pirámides, cuna de Hermes Trismegisto y su filosofía hermética, sede de la biblioteca de Alejandría y afluente principal de la cultura occidental vía los griegos, haya sido capaz de soportar a un tirano como Hosni Mubarak. Hoy, la sangre egipcia baña las calles del Cairo y escribe en letra escarlata un mensaje inequívoco a todos los pueblos del planeta. “No Permitan Tiranos en su Tierra”….., sean individuos o partidos…. el que tenga oídos que oiga…..

Hasta pronto….

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La figura en Davos, desigualdad y turismo macabro

Hoy en la mañana escuchaba a un periodista de radio especialista en economía según sus credenciales y por su apellido supongo ligado a la familia revolucionaria de los años 70.

Bien, el personaje en comento resaltaba la importancia del foro de Davos, donde según los especialistas, yo no lo considero así pero no soy especialista en la materia, se toman las principales decisiones que afectarán la economía del planeta tierra en el tiempo por venir.

Para este periodista, contrario a la opinión de la revista “The Economist”, lo relevante de la reunión de Davos este año no es la desigualdad imperante en el mundo y por supuesto en nuestro país. Desigualdad que en gran medida es la causa primera de los sangrientos problemas en que estamos inmersos los habitantes de la nación mexicana.

Desigualdad que genera desesperación, frustración y por qué no decirlo, resentimiento social entre las clases marginadas hacia todos aquellos segmentos poblaciones que consideran privilegiados. Misma desesperación que detona, en considerable proporción, a la realización de conductas ilícitas por parte de quienes la padecen.

Así las cosas, para este destacado periodista de cuyo nombre prefiero no acordarme, lo relevante del foro de Davos en este 2011 es la presencia del, cito, “Sr. Presidente Felipe Calderón” por sexta, séptima u octava ocasión, en lo personal me importa poco las veces que haya asistido en calidad de bulto postal el ciudadano Calderón. El periodista no se cansaba de repetir que Felipe había sido nombrado allá por 1994 como “Líder del Futuro” y no se cuantos mas calificativos que nada tienen que ver con la realidad. Incluso se atrevió a cuestionar la participación del Dr. Ernesto Zedillo en el panel de expertos del evento referido.

No comprendo aún el odio hacia Zedillo, pero como no comprendo casi nada es cosa que no me quita el sueño.

Obviamente como siempre me pasa con este sujeto tuve que cambiar la estación del radio y conformarme con los 40 principales y Tamara Vargas, que dicho sea de paso tiene una voz por mucho mas agradable que el gran economista-periodista admirador de Felipe Calderón.

Se necesita tener intereses muy poderosos (por no decir ser muy corrupto), para afirmar a micrófono abierto y a toda la república que lo mas importante del evento de Davos es la enésima presencia del sanguinario Napoleón mexicano. Porque todo en esta vida tiene un límite, hasta lo pendejo.

En otra idea no logro convencer a un extranjero que visite México para este año decretado por bando solemne como año del turismo. Al parecer entre mis amigos no hay quien disfrute de los descuartizados y para mi pesar tampoco suicidas; por lo que a cada invitación formulada le ha correspondido una soberana mentada de madre, la cual comprendo perfectamente y acepto con estoicismo, pero que quieren, respeto al ciudadano presidente y estoy haciendo mi esfuerzo de atraer turistas a nuestro país. Desafortunadamente las noticias diarias y la exagerada y equivocada percepción de la realidad, tal y como les ha dado por calificar a los hechos sangrientos que a diario ocurren y enlutan y agravian esta tierra a esos dos grandes de la pluma política como son Castañeda y Camín, no ayudan mucho.

Seguiremos intentando

Hasta pronto

 

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La Bestia

Hace algunos años escuché a un conocido periodista referirse al tren, o conjunto de trenes que recorren la ruta entre la frontera sur y norte de nuestro país; mismo que es utilizado por los migrantes centroamericanos en su penoso tránsito hacia los Estados Unidos de América, como “La Bestia”. Hoy, a pocos años de distancia, y por la notoriedad derivada alcanzada por La Bestia debido a las continuas masacres de hermanos centroamericanos migrantes, he percibido a La Bestia como un símbolo perfecto de todas las calamidades que agravian al pueblo de México.

Efectivamente, ese tren de la muerte, incluye para los hermanos centroamericanos, en su infernal recorrido cuyo boleto dista de ser gratis, la discriminación, extorsión, homicidio, violación y, recientemente, la leva que llevan a cabo los grupos organizados que libran la guerra de guerrillas contra el gobierno federal que los combate por órdenes de los Estados Unidos en una guerra tan absurda como ilegítima.

Todo lo anterior con la complicidad, sea de acción u omisión de las autoridades mexicanas; principalmente de ese organismo de corrupción institucionalizada llamado Instituto Nacional de Migración y que a decir de testimonios documentales de los migrantes es, por mucho, mas temible que la border patrol, o “migra” norteamericana; complicidad que incluye por lo tanto al gobierno federal, amparados todos estos delitos por el manto protector de la impunidad reinante en nuestro país.

No es casualidad que La Bestia se haya posicionado en días recientes en las notas periodísticas de México. Al final del día, nada representa mejor la actualidad del Estado mexicano: rezago tecnológico, miseria, violación de derechos fundamentales, corrupción, violencia generalizada, impunidad y todos los vicios que gusten añadir, como ese tren infernal que en sentido figurado lleva en todos y cada uno de sus furgones un agravio diferente que lacera no solo la integridad física y psicológica de los migrantes centroamericanos, sino que destruye inexorablemente el tejido social de la nación mexicana.

Hasta pronto.

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Del México actual

El sufrimiento de la población en nuestro país durante los últimos cuatro años es semejante, no más, pero tampoco menos, al de cualquier nación inmersa en una guerra, absurda, como lo son todas las guerras; en la que los inocentes, al margen de los intereses de los poderosos que inventaron esta guerra como han inventado la totalidad de las que ha padecido la humanidad, sometidos al terror inmediato de perder la vida o la de un ser amado, soportamos no sólo el oneroso costo de la misma, sino que hemos perdido el bien necesariamente tutelado del hombre. La libertad.

El petróleo, y las reservas bajan; la economía de mal en peor y a manera de tiro de gracia tenemos que seguir manteniendo el dispendio de los partidos políticos en su festín de una democracia que sólo existe en el discurso oficial. Y mientras los mexicanos cada día tenemos menos, los que aún tenemos algo,  Calderón no sabe hablar de otra cosa que “la fuerza del Estado”

La fuerza del estado radica en la fuerza de sus elementos fundamentales, léase: ciudadanos, gobernados, residentes, como gusten. No puede haber “fuerza del estado” cuando los ciudadanos tienen hambre, carencias elementales o imposibilidad de progreso integral. En pocas palabras no puede haber “fuerza del estado” cuando se acaba la riqueza. Recuerden a la Unión soviética y Alemania nazi.

Yo puedo entender que calderón viva y vea cosas irreales, pero hasta donde estamos obligados a soportar???

Hasta donde los ciudadanos deben soportar un estado fallido antes de exigir una reforma que fundamente un proyecto viable de país???

Se nos está agotando el tiempo…

ramon@cortesvargas.com

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De la reconsideración administrativa

RECONSIDERACION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 36 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. NO CONSTITUYE UN RECURSO ADMINISTRATIVO NI UNA INSTANCIA JURISDICCIONAL, SINO UN MECANISMO EXCEPCIONAL DE AUTOCONTROL DE LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Del citado precepto que establece que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a los particulares emitidas por sus subordinados jerárquicos, y en caso de demostrarse fehacientemente que aquéllas se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que éstos no hubieren interpuesto medios de defensa, hubieren transcurrido los plazos para presentarlos y no haya prescrito el crédito fiscal, se advierte que la reconsideración administrativa que prevé, constituye un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos, lo que es congruente con la intención del legislador de prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales revisen sus propios actos para modificarlos o revocarlos cuando los contribuyentes estén imposibilitados para hacer valer algún medio de defensa legal en contra de aquellos que les fueron desfavorables, pero que notoriamente sean ilegales; por tanto, dicho mecanismo no constituye un recurso administrativo ni una instancia jurisdiccional.
Amparo en revisión 387/2004. Grupo Azar, S.A. de C.V. 11 de junio de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Laura García Velasco.
Amparo en revisión 227/2004. Consorcio Azteca del Caribe, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Amparo en revisión 553/2005. Ponderosa Textil, S.A. de C.V. 10 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 276/2006. Héctor Huerta Cevallos. 24 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo en revisión 1609/2006. Juan de Jesús Barajas Aceves. 27 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.
Tesis de jurisprudencia 169/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil seis.

Código Fiscal de la Federación
Artículo 36. Modificación de resoluciones
Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. REVISION DISCRECIONAL DE RESOLUCIONES DESFAVORABLES
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.
Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes ANÁLISIS

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 31 Fracción-IV, que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las Leyes. Sobre éste enunciado se fundan en nuestro sistema jurídico las garantías constitucionales, y porque no decirlo, los derechos fundamentales que en materia tributaria el Estado mexicano reconoce a sus gobernados. Es de conocimiento general que dichos principios son el de generalidad, proporcionalidad, equidad, legalidad y aplicación al gasto público.

El principio de legalidad en materia tributaria, sustancial para el análisis de la presente tesis es consecuencia del principio general de legalidad en materia administrativa, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior el cual es reconocido y protegido por el Artículo 14 de nuestra Ley fundamental. Es por ello que la redacción de la tesis comentada en el presente escrito, resulta para nosotros por demás confusa. El empleo de las voces “podrán”, “discrecionalmente”, “procedimiento oficioso” resultan contradictorios con el enunciado que encontramos dentro del cuerpo de la misma que a la letra dice: “… constituye un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos, lo que es congruente con la intención del legislador de prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales revisen sus propios actos para modificarlos o revocarlos…”.

Gramaticalmente la voz “podrá” implica necesariamente la facultad, libre de obstáculos, de realizar una acción o llevar a cabo un acto. Continuando, la voz discrecional de acuerdo a la definición de la Real Academia Española nos refiere a aquello que se hace libre y prudencialmente o bien una potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. Por ultimo entendemos por procedimiento de oficio u oficioso, aquel que realiza la autoridad administrativa o judicial, en el ámbito de sus competencias, sin que haya necesidad de actividad promovente por la parte interesada, entendiendo por esto que el citado procedimiento oficioso no es facultad o derecho en sentido potencial sino una obligación, en sentido actual, de la autoridad competente.
De lo escrito en el párrafo anterior, y en la inteligencia que “facultad” se define como “aptitud, potencia, poder o derecho para hacer algo”, es decir, permite a quien la posee elegir entre llevar a cabo un acto determinado o no; deberíamos concluir en una primera lectura del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación que la autoridad fiscal tiene el derecho a decidir libre y prudencialmente la revisión de las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente. Esto contraviene lo estipulado por el principio general de legalidad que ordena a la autoridad actuar sólo dentro del límite de la ley al permitir de manera tácita que un acto ilegalmente fundado por la autoridad fiscal pueda tener consecuencias jurídicas que vulneren los bienes tutelados del gobernado y que, basado en una interpretación errónea del precepto analizado en la presente tesis, la misma autoridad decida no revisar su legalidad en los supuestos previstos del citado artículo.

Las consecuencias jurídicas de una interpretación errónea en la que se acepte la revisión optativa por parte de la autoridad fiscal contenida en el artículo 36 del Código Fiscal de la federación pueden ser sumamente graves para los fines del sistema jurídico mexicano y por consecuencia de la justicia misma en nuestro país. Sin afán de exhaustividad sino en forma preponderantemente enunciativa señalaremos a continuación cuales serían esos efectos negativos desde nuestro punto de vista.

1. De acuerdo a lo señalado en el contenido del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación “….siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal…”. El gobernado quedaría en total estado de indefensión ante un acto de autoridad que, fundado en la ilegalidad le hubiese causado una lesión jurídica. Lo cual, desde nuestro punto de vista, debe ser inaceptable en cualquier sistema normativo que tenga como objetivo constituir un estado de derecho.

2. Se estaría permitiendo, al arbitrio de la autoridad fiscal competente, una total vulneración al principio de legalidad, de modo tal que nos enfrentamos a una potencial violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución en su apartado de garantías individuales a los individuos que se encuentren en los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo al artículo 1º. De la misma.

Ahora bien, la tesis sujeta de estudio en el presente escrito nos describe el contenido del citado artículo como “…un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos, … congruente con la intención del legislador de prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales revisen sus propios actos para modificarlos o revocarlos cuando los contribuyentes estén imposibilitados para hacer valer algún medio de defensa legal en contra de aquellos que les fueron desfavorables, pero que notoriamente sean ilegales …”.

Por “excepcional” debemos entender, siguiendo la Real Academia Española aquello “que constituye excepción de la regla común…que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez.”. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿Es jurídicamente correcto que el tribunal considere como excepcional que la autoridad revise la legalidad de sus actos y más aún, que señale como condición que éstos sean notoriamente ilegales? Es decir, ¿debemos entender que para el tribunal es admisible que la revisión exhaustiva de legalidad de los actos administrativos emitidos por una autoridad sea excepción a la regla? ¿No son acaso los tribunales jurisdiccionales del Estado mexicano los guardianes del cabal cumplimiento del sistema jurídico de nuestro país? ¿No debe ser el fin último de todo sistema jurídico la consolidación de un pleno Estado de Derecho?

Desde nuestro punto de vista, el pronunciamiento del tribunal en la presente tesis, al considerar la revisión de la legalidad de los actos administrativos por parte de la autoridad fiscal como “…un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos,…”, contribuye a que la autoridad fiscal emita actos administrativos que, en un número alarmante de ocasiones, vulneran los bienes jurídicamente tutelados de los sujetos a leyes fiscales mexicanas, sin el más mínimo análisis de su legalidad. La consecuencia de esto es, además del costo implícito de las afectaciones patrimoniales derivadas de los citados actos, una degeneración del principio de legalidad que debería ser piedra angular de todo acto de autoridad. Al despreciarse el principio de legalidad estamos contribuyendo al dispendio de recursos públicos vía litigios innecesarios; injusticias irreparables en aquellos sujetos afectados por un acto ilegal pero que no tienen los recursos económicos necesarios para su adecuada defensa jurídica; a la corrupción de los servidores públicos en varios sentidos, no sólo en facilitar mediante la emisión de actos carentes de legalidad pero agraviantes al contribuyente el contubernio entre éste y las autoridades encargadas de ejecutar los actos; sino también en la disminución del nivel de profesionalización de los servidores públicos encargados de emitir los actos administrativos, ya que, al no estar obligados a una revisión exhaustiva de la legalidad de sus actos, se propicia que individuos con escaza o nula preparación desempeñen un cargo público de tal naturaleza.

Es alarmante que el tribunal considere expresamente el control de la legalidad como algo excepcional. Es vergonzoso que un miembro del sistema jurisdiccional del Estado mexicano contribuya al menosprecio de un principio fundamental en las leyes tributarias internacionales como lo es el principio de legalidad.

Por último, pero no menos importante, al señalar que el contenido del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación “…es congruente con la intención del legislador de prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales revisen sus propios actos…”, el tribunal, desde nuestro punto de vista, se está contradiciendo, lo cual es muy grave y genera mayor incertidumbre jurídica contrario a los fines de todo tribunal, ya que, como vimos anteriormente, entendemos por procedimiento de oficio u oficioso, aquel que realiza la autoridad administrativa o judicial, en el ámbito de sus competencias, sin que haya necesidad de actividad promovente por la parte interesada, entendiendo por esto que el citado procedimiento oficioso no es facultad o derecho en sentido potencial sino una obligación, en sentido actual, de la autoridad competente. Por lo tanto, este enunciado contenido en la tesis comentada contraviene, desde nuestro punto de vista, lo señalado en otra parte del texto de la misma, analizado previamente, en el que el mismo tribunal manifiesta “… constituye un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos…”; por lo que, además de todo lo anteriormente expresado, y siempre manifestando nuestro criterio jurídico, estamos frente a un típico caso de antinomia dentro del mismo cuerpo de la tesis citada en el presente escrito.

Tenemos sin duda una ardua labor frente a nosotros; el Estado mexicano se encuentra cada día más ávido de recursos económicos; las políticas públicas en materia fiscal no has dado resultado porque no han sido correctamente planteadas. Ante eso, el individuo sujeto a los ordenamientos tributarios será objeto de un mayor acoso por parte de las autoridades hacendarias. Necesitamos leyes, tesis y jurisprudencias que fomenten la certeza jurídica de los contribuyentes.

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