Hablando de Jueces

Comentarios sobre la interpretación de la norma tributaria en el caso de la Ley de Hacienda sobre Juegos y Apuestas en Baja California Sur.

Tratándose de una contradicción de tesis, el punto de interés gira en torno a la interpretación de la norma tributaria. Los “autores” u órganos jurisdiccionales involucrados en esta controversia son el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, quienes plantearon criterios divergentes en la aplicación del artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de baja California Sur; y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió conforme a su facultad esta contradicción.

  1. Las conclusiones opuestas versaron sobre el método idóneo para interpretar el artículo citado, una norma tributaria, y sobre cuales eran los elementos esenciales del impuesto ordenado por el mismo.
  2. El hecho generador del impuesto. (¿era el mismo en ambos supuestos?)
  3. La tasa, el momento de causación y la forma de pago. (¿estaban o no contenidos en la norma?)
  4. Para la segunda Sala del Máximo Tribunal los puntos relevantes del asunto fueron: determinar si el juzgador debe o no ceñirse al sentido literal de la norma tributaria cuando esta sea explícita y, si su facultad de interpretación por cualquier otro método reconocido por la ciencia jurídica sólo es válido cuando la norma tributaria es oscura y provoca incertidumbre.

Me pareció interesante como puede haber lugar a una contradicción de tesis derivada de un artículo en el que, desde nuestro punto de vista, si se observa la aplicación estricta de la norma tributaria consagrada en el numeral 5 del Código Fiscal de la Federación Vigente, no debe haber lugar a contradicción alguna.

Consideramos que el párrafo tercero del artículo generador de la contradicción establece perfectamente los alcances del artículo en cuanto al hecho generador del tributo y los elementos sustanciales del mismo.

Desde nuestro punto de vista la norma tributaria no es una norma jurídica común; la libertad y el patrimonio son los bienes más preciados en el mundo fáctico de naturaleza económica en que vivimos. Por lo tanto, es menester que la norma jurídica los proteja de especial manera; y así como la libertad goza de la protección redundante que le otorga el principio constitucional de exacta aplicación de la ley contenida en el 14 fundamental, de la misma forma el patrimonio debe gozar de la garantía de aplicación estricta de las norma tributaria que establezcan cargas a los particulares contenida en el numeral 5 del Código Fiscal de la federación vigente y protegida constitucionalmente mediante el espíritu contenido en el precepto fundamental citado y que no es otro que proteger al gobernado de cualquier intento de afectación por parte del Estado que, en su ejercicio de su imperio y por razones ajenas a la justicia pueda tener en contra de sus bienes jurídicos más preciados como son su libertad y su patrimonio. El escenario de un Estado ávido de recursos económicos o bien interesado en acallar las voces que se opongan a sus políticas públicas, sin los límites jurídicos exactamente establecidos para las normas tributarias y penales; y en las que se acepte la interpretación de las mismas por los jueces que el mismo Estado impone, puede ser de suma gravedad para los gobernados.

En nuestra opinión, la norma tributaria que imponga cargas a los gobernados no debe ser objeto de otra interpretación que no sea la gramatical. Siendo el poder legislativo la sede natural de la soberanía nacional, es preferible que ante la oscuridad de una norma tributaria que pueda tener afectación sobre el patrimonio de los particulares, el poder judicial exhorte al legislativo a revisar la misma y aún en caso de omisión por parte de este es igualmente deseable que el estado se prive de percibir ingreso alguno antes de que un particular vea afectado arbitrariamente, a juicio del juzgador, en su patrimonio; de la misma forma, que ante la inexactitud de la ley penal, es deseable que un culpable sea exonerado antes que un inocente sea injustamente privado de su libertad.

Considero muy peligroso ampliar las facultades de los jueces bajo el argumento de que ellos “dicen el derecho”; esta frase, también sujeta a interpretación, desde el punto de vista de la división de poderes la podemos interpretar en el sentido de que el poder Judicial es constituido para “aplicar el derecho”; es decir, del catálogo de normas jurídicas que componen el derecho positivo de un Estado, el juzgador debe aplicar la que a su imparcial juicio corresponda, “decir el derecho que corresponde”, pero el abuso de la facultad interpretativa de la norma puede llevarnos a la conclusión de que el poder legislativo sería innecesario para la creación de las mismas lo cual es sumamente peligroso ya que este poder, con todos los defectos que se puedan atribuirle, es la sede de la soberanía nacional por antonomasia.

Mi propuesta es que fortalezcamos el poder legislativo mediante un adecuado sistema de representación política, pero no equivoquemos el camino y entreguemos a los jueces el poder que muchas voces llaman a otorgarles. Perfeccionemos las normas, un legislativo de calidad producirá normas que no dejen lugar a duda alguna por parte del juez encargado de aplicarla.

También es necesario que tomemos en cuenta el contexto sociopolítico de nuestro país, bajo el actual sistema de nombramiento de jueces, la influencia del ejecutivo en sus decisiones es muy fuerte, necesitamos cambiar el método de su designación, que como órgano del estado debe ser sustentado en la voluntad de pueblo, en este caso, dada la característica de especialidad técnica del caso, no pretendemos una elección popular de juzgadores pero si una propuesta de terna por parte del senado con aprobación de la cámara baja, podría darle una mayor legitimidad al supremo tribunal.

No impulsemos un gobierno de jueces.

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