La violación a DDHH como herramienta política

No es permisible la omisión de la protesta ante la “legalización” del atropello a la dignidad humana que pretende realizar el actual gobierno federal de México, secundado por su aparente principal opositor político y favorito para ganar la próxima elección presidencial de 2012, so pena de caer en la complicidad.

Sirvan estas líneas, que se bien muy pocos distraerán su valioso tiempo para leerás, a manera de solitaria protesta personal.

Como todos sabemos, está prácticamente aprobada, cuenta con el apoyo de los dos partidos mayoritarios en el congreso mexicano, la iniciativa de reforma la Ley de Seguridad Nacional, que entre otras cosas faculta a las fuerzas armadas para intervenir en contra movimientos sociales, políticos, laborales y electorales.

Litros de tinta y millones de pixeles se han utilizado desde el año 2006 para denunciar y avisar al mundo entero las violaciones a derechos fundamentales que se suceden sistemáticamente en México desde que Felipe Calderón tuvo la genial idea, aconsejado por su tristemente célebre círculo rojo, de sacar al ejército mexicano, última institución que respetaba la población de nuestro país por su constante desempeño como un ejército de paz y ayuda a los necesitados, a librar una “guerra” sólo viable en su indescifrable razonamiento, esto sin ningún sentimiento de admiración que se podría desprender de las palabras sino como una metáfora a su patología, con la finalidad última de legitimar una presidencia por demás cuestionada dadas las circunstancias en que se desarrollaron los comicios de 2006 y el resultado de la misma. Tuvo en su poder la legitimación absoluta mediante el recuento de todos los votos, prefirió teñir las calles de México con sangre y enlutar a millares de familias.

Bien, desde el inicio de su fracasada guerra, se ha filtrado la inconformidad y hasta la exigencia por parte de los altos mandos castrenses, de un marco legal que permita legitimar las acciones llevadas a cabo por las fuerzas armadas, y por qué no decirlo, sirva también de defensa ante la posibilidad de un cambio de gobierno inesperado que abriría la posibilidad de juicio a los responsables políticos y militares de la sangría cotidiana que vivimos en tierras mexicanas, por más que Calderón insista en foros internacionales que este es un estado de leyes (nunca habla de justicia) en el que la inversión extranjera y el turismo son bienvenidos y asegurados aunque las cifras duras muestren lo contrario.

Hemos insistido en anteriores escritos que nuestra ley fundamental en su articulo 29 contempla el estado de excepción; y que el citado se debió haber aplicado en aquellos territorios de la república afectados por la absurda guerra calderoniana, no se hizo así, no se quiso pagar el costo político que ante la comunidad internacional implicaba tal decisión. Las consecuencias son vividas como pesadillas interminables por la ciudadanía que un día sí y otro también se entera que algún familiar, hombre de bien y honorable, fue acribillado por las fuerzas federales comandadas por Felipe Calderón y, en primera instancia son acusados de nexos con el crimen organizado, y en una segunda pero no menos agraviante, pasan a formar parte de las cifras de daños colaterales que enluta y destruye los sueños de las familias que residen en esta noble pero muy saqueada y peor gobernada porción del planeta tierra.

Ante las cada vez más numerosas voces que exigían juicio criminal para los responsables de esta barbarie, y no se equivoque Felipe, los violentos como usted los llama, no están obligados con mi persona a otorgarme el estado de bienestar donde mi familia pueda tener un desarrollo armónico e integral, no son ellos, es usted el primer mandatario de esta nación. Concepto difícil de procesar para algunas mentes. Pues bien amigos, el temor a un tribunal por crímenes contra la población civil no es la mejor píldora para dormir que podamos imaginar. Ante ese contratiempo es preferible pactar con el “rival político”, asegurar una transición que brinde seguridad tanto a los que huyen como a los que llegan, pero sobre todo, era menester una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permitiera, en el peor de los escenarios, no olvidemos que se esta cocinando a fuego alto otra agraviante reforma, una reforma laboral que puede ser el detonante de esta peligrosa mezcla de explosivos sociales que Felipe Calderón se ha esmerado en conjuntar; continuando, era necesaria una Ley que permitiera al gobierno en turno controlar, de la mejor manera posible, sin violar ninguna ley mexicana, cualquier brote de inconformidad social llevada a las calles.

Se les olvida a nuestros señores legisladora que los derecho fundamentales han adquirido en el ámbito internacional una aceptada categoría supraconstitucional.

Allá ellos.

Hasta pronto.

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